MADRID. Inspectores de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid y efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil realizaron, el pasado día 20 de febrero, una inspección a la Clínica Isadora, donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), y encontraron en contenedores «residuos biosanitarios materiales mezclados con residuos biosanitarios humanos», lo que puede incumplir la normativa vigente (Decreto 83/1999 sobre la gestión de residuos bisosanitarios).
Tras proceder a «la eliminación de los residuos biosanitarios materiales y la incineración de una parte de los residuos humanos, tal y como marca la legislación vigente en materia de sanidad mortuoria», «otra parte» de los residuos biosanitarios humanos hallados en la clínica ha sido traslada por el Seprona «para su estudio por parte del forense», según informó a Ep la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad.
La inspección de la clínica se llevó a cabo en febrero pasado, -tras una denuncia del Partido Social Europeo, miembro junto con la Federación Internacional de Médicos Católicos, Hazteoir. org y Unidos por la Vida, de la Plataforma La Vida Importa-, a instancias del Seprona, «que alertó de posibles deficiencias en la gestión y eliminación de residuos biosanitarios» en esta clínica.
Piden el cierre cautelar
Por su parte, la Plataforma «La Vida Importa» anunció ayer en un comunicado que solicitará de la Consejería de Salud y Consumo de la Comunidad de Madrid el cierre cautelar de la citada clínica madrileña «mientras las autoridades competentes finalizan sus investigaciones» y aseguró que cree que podría haberse verificado la presencia, en los cubos de basura «no sólo de abundante material de quirófano, sino también de siete fetos».
Esta plataforma denunció «el incumplimiento, por parte de algunos centros abortistas españoles, de la normativa relativa a la retirada de residuos biosanitarios», que regula el uso del material «contaminado o peligroso» que se genera en centros clínicos, con el objetivo de que tengan una destrucción segura, sin poner en peligro la salud pública.
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